Proponen incluir en el Código Penal condenas específicas contra las sectas

(Diario Perfil 16-04-2011

La novedosa iniciativa apunta a sancionar una ley que permita controlar el accionar de grupos que utilicen técnicas de manipulación psicológica.

Un proyecto de ley que propondrá herramientas penales para controlar la actividad de las sectas está en plena elaboración en el despacho de la diputada kirchnerista Julia Perié. La iniciativa busca abrir un debate inédito en el Congreso sobre grupos que hasta ahora eran habitualmente condenados por delitos como reducción a la servidumbre, estafas, privación ilegítima de la libertad o corrupción de menores.

Proponen incluir en el Código Penal condenas específicas contra las sectas, en Diario Perfil
Proponen incluir en el Código Penal condenas específicas contra las sectas, en Diario Perfil

Según la misionera Perié, el proyecto es deudor, en parte, de la única ley en todo el país que aborda la cuestión sectaria, una norma provincial cordobesa presentada por las legisladoras Nadia Fernández y María Chiófalo, que crea un programa de asistencia a las víctimas de sectas.

“Nuestra iniciativa penalizará el accionar de grupos que usen técnicas de manipulación psicológica. Algo que hasta ahora no hace el Código Penal”, señala a PERFIL Perié, diputada por Misiones.

La ausencia de figuras penales que categoricen los fenómenos sectarios deriva en la escasa o nula preparación de los organismos policiales y judiciales para ver el problema, o en una tendencia a ignorarlo.

Hasta ahora, cada vez que la Justicia llevó a juicio a distintos grupos sectarios recurrió a otras figuras penales. Basta revisar algunos ejemplos. La semana pasada Ricardo Javier Ocampo, alias el Maestro Amor, fue detenido como imputado en una causa por abuso sexual gravemente ultrajante y agravado.

En la investigación a la Escuela de Yoga, que quedó trunca, se empleó la figura de corrupción de mayores y menores, promoción de la prostitución y estafa. Y en el caso La Misión, un tribunal compuesto por la actual jueza de la Corte Suprema Carmen Argibay condenó al líder del grupo por reducción a la servidumbre, aplicación de tormentos en situaciones de privación de libertad reiterada y corrupción con intimidación y coerción reiteradas, en mayo de 1996.

El modelo en el que Perié y Fernández piensan es el de la ley About-Picard aprobada en Francia en 2001. Esa normativa creó órganos públicos especializados contra las sectas y estableció la pena de disolución de cualquier grupo que haya sido recibido dos condenas con sentencia firme por delitos como corrupción de menores, ejercicio ilegal de la medicina, manipulación psicológica, entre otros.

En esa dirección, Fernández afirma que “la ley provincial fue un gran primer paso, porque dio a los familiares de víctimas un lugar donde pedir ayuda, pero tenía límites: no podía avanzar en la tipificación de delitos, pues ese cambio implica una reforma al Código Penal que debe votarse en el Congreso Nacional”.

La norma cordobesa tiene por objetivo la prevención de la problemática sectaria, la identificación de los grupos que usan las llamadas técnicas de manipulación psicológica, y la creación de un instituto de asistencia interdisciplinaria para asistir a las víctimas.

Además de inspirar el proyecto que prepara la diputada nacional Perié, la ley presentada por la legisladora Fernández sirvió de base para otra iniciativa que el diputado provincial correntino Carlos Rubin llevó a la Comisión de Legislación del Trabajo y Salud de la Legislatura de Corrientes.

Por su parte, la diputada Fernández explica que la norma que impulsó “no habla de víctimas de sectas sino de grupos que usan técnicas de manipulación psicológica” y se recurre al término persuasión coercitiva.

Además, advierte sobre la necesidad de replantear el Registro de Cultos. “Los grupos sectarios descubrieron que la inscripción les da una legalidad ante adeptos y reciben exenciones impositivas para sus templos. Ni en México ni en Brasil ni en la mayoría de los países europeos hay registros de cultos. Funciona el Código Penal y el Civil para todos por igual”, explica.

“Vivía porque no tenía el coraje para suicidarme”

Pablo Salum tiene 32 años. Está casado, tiene dos hijos y su propio local de informática. Pablo fue víctima de la secta Escuela de Yoga desde los 8 años, cuando su madre, Graciela Alarcón, ingresó al grupo.

“Ella fue la tercera persona que entró en la filial local de la Escuela, yo fui el cuarto. Desde chico, sufrí golpes, me privaron de libertad, me esclavizaron. Perdí a toda mi familia. Vivía porque no tenía el coraje para suicidarme. Después logré formar una familia y ellos ahora son la razón de todo”, cuenta Pablo a PERFIL.

El de la Escuela de Yoga fue un caso emblemático de las relaciones entre sectas y poder político en la década del 90. La periodista Viviana Gorbato se inflitró en el grupo y describió cómo explotaban a sus adeptos en el libro La Argentina embrujada. Entre ellos elegían a las mujeres más atractivas para seducir a personas influyentes y cubrir de impunidad a la organización. En 1994 el juez Mariano Bergés acusó a sus miembros de corrupción de mayores y menores, promoción de la prostitución y estafa. Pero la causa quedó en la nada.

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