Tiene 21 años y pasó toda su adolescencia vigilada con custodia

Ramona fue testigo clave en el homicidio de un chico de 11 años a manos de una banda que lo asesinó con fines mágico-religiosos.

Ella lo presenta como “mi primo” a sus compañeros de estudio, alguien que la sigue a sol y a sombra. En realidad, el hombre que acompañó a Ramona G. durante toda la adolescencia es el custodio que le da el estado provincial por ser la testigo clave del crimen de su amigo Ramón González, de 11 años, cometido en 2006 en Mercedes, Corrientes.
Ahora Ramona tiene 21 años y vive lejos de su ciudad natal. Desde los 15 se refugió en un lugar donde nadie la conoce.
El caso Ramoncito, como lo llamó la prensa, no fue un crimen más. Ramona declaró dos veces ante la Justicia que su amigo fue torturado, violado y degollado ante un grupo de personas que le dieron un significado mágico-religioso al asesinato. Su testimonio se filmó y se grabó, y sirvió para condenar a cadena perpetua en 2011 a nueve personas que planearon matar a Ramoncito e integraban una banda que vendía drogas y explotaba sexualmente a niños.
Ramona tenía 13 años y presenció un crimen ritual
“Tiene 21 años y pasó toda su adolescencia vigilada con custodia”, en Diario Perfil, del domingo 8 de marzo de 2015

Ramona pasó su adolescencia en un hogar de menores del que trató de huir, donde tuvo intentos de suicidio y sufrió amenazas de muerte. Finalmente el Estado provincial le dio una casa, custodia y un subsidio.

Pero la ley correntina no prevé la figura del testigo protegido. La cobertura que recibe Ramona no incluye la atención psicológica ni médica.
La joven presenció un asesinato y violaciones de niños, por lo que sufrió cuadros depresivos y traumas persecutorios. Su abuela, Pabla García, dice a PERFIL: “cuando contó lo que le habían hecho a Ramoncito, pensé que mi nieta estaba mal de la cabeza. Después le pregunté y me dijo que era verdad. Lo mismo me dijo el juez”.

La ONG Infancia Robada, liderada por Martha Pelloni, le dio asistencia legal y psicológica, que la ayudó a recuperarse. Ya terminó el secundario y empezó una carrera terciaria.

Sin embargo, el 11 de febrero tuvo que declarar otra vez por el crimen de su amigo. Es que, cuando se llevó a cabo el juicio por el caso, Daniel Alegre, supuesto autor material, estaba prófugo. Se lo capturó meses después y recién se lo pudo empezar a juzgar en octubre de 2014.

En el nuevo proceso, María Alicia Colombi, defensora de Alegre, pidió al Tribunal Penal Oral de Mercedes, presidido por la jueza Margarita Rivadeneira, que Ramona declarara otra vez.
Hermindo González, abogado de la joven, presentó un informe psicológico que consideraba “perjudicial someterla a cualquier tipo de interrogatorio que la colocara en situación de revivir situaciones traumáticas”. En base a ese diagnóstico el fiscal Juan Alegre pidió que se incorporaran por lectura dos declaraciones que Ramona había hecho en el primer juicio.

El tribunal dejó que decida una junta médica.

La chica llegó a Mercedes a las 9, luego de viajar casi 300 kilómetros. La junta médica empezó a las 10:30 y a las 12 emitió un dictamen de media carilla que permitía volver a interrogarla.
Finalmente, Ramona declaró desde las 14 hasta las 22.30 en una audiencia que debía interrumpirse cada vez que le pedían detalles sobre las torturas a Ramoncito o le exhibían fotos de la escena del crimen. La joven se quebraba y una psicóloga intentaba contenerla.

Marcelo Hanson, abogado querellante, dijo a PERFIL que “la joven confirmó que Alegre violó y mató a Ramoncito”. Además, Ramona volvió a contar quienes formaban el grupo que planeó el ritual y quiénes lo financiaban el fallecido estanciero Luis Enciso y el actual intendente de Mercedes, Víctor Cemborain.

Luego de la audiencia, González pidió “que la Justicia, tan celosa por el testimonio de Ramona, investigue quiénes financiaron el crimen. Esa causa está cajoneada desde 2010”.

Demanda internacional por denegación de justicia

Hermindo González, el abogado de Infancia Robada que representa a Ramona, dijo a PERFIL que se violaron sus derechos cuando la obligaron a declarar por tercera vez por el mismo crimen y se la hizo revivir lo que sufrió cómo víctima, pese a que un informe psicológico aconsejaba protegerla del stress postraumático.

Esta semana, luego de ser interrogada Ramona recayó en un cuadro persecutorio y se inestabilizó emocionalmente. Ya tuvo dos intentos de suicidio y recibió amenazas de muerte, por eso su salud mental preocupa a su familia.

González señala que al traerla por tercera vez ante un tribunal se puso por encima el derecho de defensa del acusado, por sobre el derecho de la víctima.

“No hay reparación posible porque ya fue revictimizada dos veces—agrega—. Se había violado la Convención de Derechos del Niño, cuando fue obligada a declarar por segunda vez siendo menor de edad, en 2010 y ahora se violan sus derechos como víctima. Era innecesario. Por lo tanto, se abre la opción de una demanda contra el Estado por violación de derechos humanos —precisa González—. Estamos analizando una presentación por denegación de justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

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