Desde la entrada en vigencia de la Ley de Trata de Personas, en abril de 2008, se rescatan dos víctimas por día. Aun así, es un delito que no lleva casi a nadie a la cárcel. Para peor, suele ser invisibilizado por las autoridades. ONGs reclaman penas más severas y advierten: “Se castiga más duramente a quien roba una vaca que a quien trafica con personas”.
Desde que se aprobó la Ley de Trata de Personas, en abril de 2008, se rescata a casi dos víctimas por día, lo que demuestra que la explotación sexual y laboral es una actividad ilícita muy difundida en el país. Pero sobre cada ochenta víctimas encontradas, sólo se condena a una persona.
Las cifras surgen de comparar los datos presentados por la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, esta semana, con el informe de gestión de la Unidad Fiscal Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase), publicado en diciembre, y las sentencias dictadas en 2011. Sobre 2.160 personas rescatadas en situación de trata entre abril de 2008 y mayo 2011, sólo se halló a 27 culpables. Además, en algunas provincias hay contrastes alarmantes: son el destino favorito de los traficantes de personas, pero no registran ningún condenado. Santa Cruz es el caso paradigmático (ver recuadro).
Delito invisible. El fiscal Marcelo Colombo, a cargo de la Ufase, cree que una de las principales dificultades para investigar estos delitos está en el propio Poder Judicial y en las fuerzas policiales. “Hay prejuicios a partir de los cuales se concibe el fenómeno de trata y, principalmente, a su víctima. Así, cuando se denuncia una desaparición, el sistema judicial no la relaciona con este delito y espera 48 horas para averiguar el paradero. Se empieza a investigar tarde”, asegura a PERFIL.
Otro obstáculo es, siempre según Colombo, la disputa por competencia. “Los jueces locales piden investigar una causa de trata, delito federal, usando figuras penales vinculadas que pertenecen a la órbita local como prostitución. Esto genera idas y vueltas judiciales que dificultan las investigaciones”, afirma el fiscal.
La Ley 26.364 define el delito de trata de personas como “la captación, el transporte y/o traslado –ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior–, la recepción de personas mayores de 18 años, con fines de explotación, cuando haya engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad”. En los menores, hay trata aun cuando haya asentimiento de las víctimas. La explotación, de la que habla la ley, suele ser sexual o laboral.
Un caso emblemático es el de Oriana Caballero, una chica correntina de 14 años que desapareció con un hombre de 56 que tenía antecedentes de delitos sexuales. Las fuerzas de seguridad y los funcionarios judiciales consideraron una fuga, en lugar de un delito de trata (ver recuadro).
Según la Ufase, Corrientes es la tercera provincia en cantidad de víctimas explotadas, pero no hay en esa jurisdicción ninguna causa en trámite por ese delito. La hermana Marta Pelloni, que coordina la ONG Infancia Robada en la provincia, es lapidaria con las fuerzas de seguridad: “Antes teníamos una policía especializada en estos delitos, ahora tenemos una policía encubridora”.
Hermindo González, abogado especialista en este delito de Infancia Robada, explica que todas las causas que deberían ser de trata de personas se terminan reconvirtiendo a delitos conexos. “Corrientes es una provincia pobre y la existencia de redes de trata le viene bien, porque hace posible la circulación de dinero en estructuras oficiales”, acusa.
Una y otra vez. Otro de los fenómenos en torno de la trata, apuntan desde las ONG, es que la contención a las víctimas rescatadas es siempre insuficiente y que las personas que pasan por la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, el organismo destinado a ayudarlas a salir de la situación de explotación y reinsertarse socialmente, casi siempre vuelven a caer en las garras de explotadores.
Gustavo Vera, de la Fundación Alameda, asegura que “la oficina pregunta a las víctimas que rescata si prestaron consentimiento para estar junto a los explotadores. Y la mayoría, por temor, contesta que sí. A las pocas que contestan que no, les dan plata para que se tomen el micro de regreso a sus provincias. En realidad esa oficina debería dar contención psicológica, jurídica y hasta de capacitación laboral a las víctimas, el tiempo necesario para que se reinserten en la sociedad”, dice a PERFIL.
Con él coincide Mercedes Assoratti, de la Fundación El Otro, quien pide un cambio en la ley de trata para quitar la figura del consentimiento. “Muchas víctimas tienen naturalizada la explotación”, afirma, además, el delito tiene penas mínimas de tres años, excarcelables y menores a las de abigeato, por ejemplo. Así, se castiga más duramente a quien roba una vaca que a quien trafica con personas”, dispara.El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, cree lo mismo: “El próximo paso será actualizar la legislación”, dice.
Estado y sociedad. Sin embargo, Adriana Domínguez, delegada del Inadi en Córdoba, sostiene que aun con esta ley se puede trabajar en equipo entre la Justicia, las ONG, las fuerzas de seguridad y la AFIP. “Digo la AFIP porque si notás que el dueño de un local bailable dice que gana poca plata y luego se verifica que tiene una situación económica muy diferente a esos ingresos, hay algo que no cierra, es para investigar”, sostiene.
Para ella, la trata de personas, con fines sexuales, seguirá existiendo mientras esté aceptada socialmente: “Si se acepta que las prostitutas son necesarias para que debuten los adolescentes, es muy difícil que desaparezca la explotación de mujeres –advierte. Por lo tanto, no es un problema que sólo deba resolver el Estado, también la sociedad tiene su parte”.
Santa Cruz: la prostitución y la cultura local
El clásico centralismo argentino no se cumple para el tráfico de personas. Las víctimas se envían desde el norte del país hacia el sur, según el informe de gestión 2010 de la Unidad Fiscal Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase). Y Santa Cruz, una de las provincias menos pobladas del país, recibió el 20% de las víctimas explotadas, mayormente mujeres.
El mayor número de casos se da en la provincia de Santa Cruz, seguido por la provincia de Buenos Aires y Capital Federal (sumadas), se lee en el estudio que también revela la ausencia de condenas por ese delito en la provincia patagónica. Es que en Santa Cruz, los prostíbulos son parte del paisaje. Hasta el gobernador Daniel Peralta, en abril de 2009, justificó ante el canal de cable C5N que la prostitución en su provincia es parte de la cultura local.
No lo dijo en cualquier momento, sino cuando se discutía un caso emblemático, el de Las Casitas de Tolerancia, un barrio de burdeles de Río Gallegos en el que trabajaban 240 mujeres de todo el país y de países limítrofes y hasta de República Dominicana. La Fundación La Alameda puso al descubierto la situación de servidumbre a la que estaban expuestas las víctimas de los proxenetas, a través de una investigación con cámaras ocultas; luego la denunciaron ante el Juzgado Federal de esa ciudad. Los prostíbulos fueron allanados y clausurados en junio de 2009 por la jueza federal de Río Gallegos Ana Alvarez.
Otra investigación del mismo año, esta vez de América TV, mostró cómo actuaban los reclutadores de Río Gallegos en la Villa 31, donde captaban mujeres para explotarlas en Santa Cruz. Pero desde la clausura, la presión de los proxenetas sobre la Justicia y los políticos locales no cesó. Peralta reaccionó y dijo que iba a demandar a La Alameda. A su voz, se sumaron las de otros funcionarios. El presidente del Concejo Deliberante, Pablo Grasso, pidió públicamente la reapertura de la zona roja y el secretario de Gobierno municipal, Ernesto Cruz, admitió que trabajamos para encuadrar a las casitas como cabarets de clase C.
Esa presión se tradujo en diferentes proyectos de ordenanzas municipales para reabrir los prostíbulos reconvertidos en inocentes wiskerías. Según Gustavo Vera, de la Fundación La Alameda, los proxenetas que administraban los prostíbulos presentaron 80 medidas de amparo judicial solicitadas a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia para que los reabran.
Al cierre de esta edición, se esperaba una resolución de los jueces de esa Cámara.
Oriana Caballero, de 14 años, desapareció en enero de este año de la verdulería donde trabajaba, en la ciudad de Corrientes, junto a Jorge Rondoni, un hombre de 56 años con antecedentes de delitos sexuales, que vivía en los fondos del comercio. Su familia la buscó durante un mes. La policía creyó que se había fugado. Josefina Pérez, su madre, recuerda que se criminalizó a su hija desde su desaparición. Asesorada por la ONG Infancia Robada, que coordina la hermana Martha Pelloni, logró una audiencia con el ministro de gobierno provincial, Gustavo Váldez, que le dijo que Oriana tenía antecedentes por narcotráfico y había estado detenida. “Yo le dije que no podía ser, que jamás había tenido problemas con la policía, y él me respondió: ‘A lo mejor me equivoqué’, muy suelto de cuerpo”, afirmó.
Hermindo González, abogado de Infancia Robada, asegura que ni la policía ni la Justicia provincial le dieron “estatus de trata de personas”. Pérez y González hicieron denuncias en los medios de la provincia y el 16 de febrero Susana, una comerciante de Empedrado, a 56 kilómetros de la capital provincial, reconoció a Rondoni y llamó a una radio de Corrientes. Dijo que el presunto explotador estaba en un terreno donde había puesto una carpa y desfilaban continuamente hombres.
“Al avisar a la policía, allanaron un camping. O sea, equivocan la dirección y se van con las manos vacías. Pero cuando verifican el domicilio dado por Susana, vuelven a Empedrado y encuentran a Oriana sedada, junto a un muchacho que confesó haber matado a Rondoni. Tras algunas versiones confusas, también se halló un cuerpo descuartizado, supuestamente de Rondoni. González no cree que sea de él: “Fue reconocido sólo por un tatuaje y el cadáver data de cinco días al momento del hallazgo, mientras que Susana aseguró haber visto a Rondoni dos días antes de que aparezca el cuerpo. Nunca se nos mostró el cadáver, no hubo velatorio ni apareció ningún familiar a reclamar los restos”.
Mientras González intentaba elevar el caso en la Justicia federal, la jueza de menores Irma Domínguez –con varias denuncias por trata de menores en su haber– insistió en la hipótesis de la fuga, difundió en una conferencia de prensa datos íntimos de Oriana, la encerró en un instituto de Menores y luego en un hospital de salud mental. “Ella sospechó que había matado a Rondoni”, dice González, quien radicó una denuncia por trata de personas en la Justicia federal, desestimada por el fiscal Flavio Ferrini.
“Nunca quisieron cambiar la carátula de fuga de hogar y no investigaron por razones políticas”, afirmó González (ver cuerpo central). A fin de marzo, Oriana fue restituida a su familia.
papelesypixeles 
Hola, somos alumnos de la carrera de Comunicación Social(UNNE) y estamos interesados en el tema. Dejamos un correo para comunicarnos: soledadmaidana@live.com.ar somos de Corrientes. Ojalá nos pueda escribir, gracias!!